Como hace 50 años

LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA

 

Por Ronal Suárez Ramos

Mientras son muchos los que en el mundo, y sobre todo en América Latina, tienen como máxima aspiración la posesión de un pedazo de suelo donde buscarse el pan de cada día, en Cuba se lleva a cabo un  amplio proceso de entrega de tierras en usufructo gratuito, con el objetivo básico de elevar la producción de alimentos…

  Amparado en el Decreto 259 que entró en vigor en septiembre de 2008, este movimiento está llevando a la eliminación de tierras ociosas y sus efectos deben verse a mediano plazo.

De acuerdo con  cifras proporcionadas por el Centro de Control de la Tierra en Pinar del Río, el fondo de fincas ociosas asciende a 93 144 hectáreas, de las que han sido entregadas hasta la fecha el 65 por ciento.

En total, 8 580 personas naturales y jurídicas  se han beneficiado con la adquisición, de ellos 6 894 poseen tierras por primera vez, mientras  los restantes las amplían  tras demostrar que lo necesitan para extender cultivos y crianzas.

Un dato significativo es que hasta ahora solo 242 convenios fueron rescindidos al incumplir los receptores de tierra sus compromisos, principalmente el de ponerla a producir.

 Según la fuente, el proceso para atender cada solicitud se ha perfeccionado y solo distan 108 días como promedio entre el momento en que el aspirante inicia sus gestiones y el otorgamiento del terreno en cuestión.

  De los que recibieron una respuesta negativa en el municipio (instancia encargada) hubo 13 reclamaciones a la provincia y nueve resultaron con lugar.

Esas nuevas fuerzas productivas incorporadas a una tarea considerada estratégica para el país, comienzan a hacerse sentir. De sus producciones se lleva un riguroso control diferenciado y las cifras no son nada desdeñables, aunque no pueden esperarse resultados de la noche a la mañana, pues la ganadería, por ejemplo, necesita de varios años para crecer y desarrollarse.

Cualquiera pudiera pensar que con estas medidas Cuba privatiza uno de sus principales recursos, y que con ello pudieran reaparecer los  latifundios y grandes terratenientes erradicados por la Reforma Agraria de 1959.

Pero nada más alejado de la realidad. Para la entrega de tierras en usufructo a personas naturales, se establece en principio un máximo de 13.42 hectáreas, que puede llegar a triplicarse si el beneficiario demuestra en la práctica la necesidad de ampliarse en función de seguir aumentando la producción.

El convenio de entrega se realiza hasta por diez años, prorrogable por igual  período de tiempo, siempre que su evaluación acredite el cumplimiento de los compromisos contraídos.

Se trata de desatar las fuerzas productivas en función de reducir y hasta eliminar las multimillonarias erogaciones financieras que actualmente realiza el país para la importación de alimentos, pero con orden y preservando el papel del Estado en el control de las producciones y el apoyo a los nuevos campesinos.

Con ello se retoma la consigna que presidió las primeras medidas aplicadas  por la Revolución para reivindicar a las familias del campo: la tierra para el que la trabaja.